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Comunicado Oficial acerca del frustrado magnicidio en la persona del Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros

NOTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES ACERCA DEL FRUSTRADO MAGNICIDIO EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El pasado 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, en la ciudad de Caracas, y mientras el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecía el discurso de cierre del acto, se escucharon dos poderosas detonaciones en las adyacencias de la tribuna presidencial.

 

Los órganos encargados de la seguridad presidencial activaron inmediatamente los protocolos correspondientes, permitiendo la evacuación del lugar, salvaguardando la seguridad del Presidente y su familia, los altos representantes de poderes públicos y funcionarios civiles y militares presentes, así como la de los miembros del cuerpo diplomático que participaban en el mencionado evento.

Las autoridades competentes iniciaron de inmediato la investigación. El Fiscal General anunció la designación de tres fiscales con amplia experiencia en temas de crimen organizado y conspiración política, para esclarecer los hechos y traer a la justicia a los responsables por este acto.

Entre los resultados iniciales de la investigación se pueden nombrar:

Las explosiones correspondieron a artefactos explosivos colocados en dos dispositivos aéreos manipulados de forma remota (drones) que fueron dirigidos contra la persona del Presidente y el grupo de altos funcionarios que se encontraban en la tribuna. Se estima que cada aeronave contenía 1 Kg del explosivo conocido como C4, con capacidad de impactar un radio de 50 metros. Los drones eran modelo DJI-M600, normalmente utilizados para fines industriales y audiovisuales.

La investigación en el lugar del suceso y los testimonios aportados por seis ciudadanos detenidos, presuntamente vinculados al hecho, han revelado que el plan consistía en hacer detonar uno de los drones sobre el techo de la tribuna presidencial y el otro debía dirigirse directamente hacia ésta. Las acciones del cuerpo de seguridad presidencial permitieron el desvío de uno de los aparatos mediante el bloqueo de la señal, haciendo que explotara lejos del blanco programado, y permitieron que el otro dispositivo se desviara explotando contra un edificio adyacente al lugar del evento. Lamentablemente, un grupo de siete funcionarios militares fueron heridos y de los cuales tres tienen pronóstico médico reservado .

Se trató de un atentado contra la vida del ciudadano Presidente de la República, tipificado por nuestra legislación como un acto de terrorismo y de magnicidio en grado de frustración. Cabe destacar que uno de los implicados había participado en los actos de violencia política de 2014, haciendo recibido posteriormente el beneficio de la libertad. Otro de los detenidos, está vinculado al asalto de una instalación militar en la ciudad de Valencia por parte de un grupo paramilitar, ocurrido un año atrás. Igualmente, este atentado ha sido reivindicado desde Miami por parte de voceros de la ultraderecha venezolana, quienes a su vez también estuvieron vinculados al golpe de 2002 y otras acciones terroristas cometidas en el pasado reciente.

Testimonios obtenidos en la investigación en curso, afirman la convicción de que este acto criminal se encuentra vinculado al plan de agresión a Venezuela, públicamente reivindicado por el saliente presidente de Colombia, señor Juan Manuel Santos, quien en los últimos días emitió temerarias declaraciones anunciando que “estamos en las horas finales de Maduro”. A su vez, Venezuela tiene la plena convicción que detrás de este intento de magnicidio se encuentran grupos de la ultraderecha venezolana en connivencia con poderosos factores ,económicos y políticos que operan desde Colombia con ramificaciones en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Durante los últimos años, Colombia se ha convertido en la base de operaciones de las actividades ilegales, inconstitucionales y violentas contra la democracia, el Gobierno y el pueblo de Venezuela. Desde Colombia operan poderosas mafias del narcotráfico, del contrabando de extracción de diversos bienes, como alimentos y combustibles, grupos de sicariato, así como una poderosa red criminal cambiaria que sustrae la moneda venezolana del territorio nacional, y manipula el tipo de cambio para afectar el funcionamiento de la economía venezolana.

Colombia aloja desde hace años a un grupo de prófugos de la justicia venezolana que son protegidos, financiados y legitimados por el Gobierno del señor Santos, al punto de brindar las instalaciones del Congreso de la República de Colombia para la actividad conspirativa de una instancia ilegítima, dirigida a sabotear el funcionamiento del sistema judicial venezolano.

Los métodos de la violencia política como el magnicidio y el asesinato de dirigentes políticos y sociales no son compatibles con la cultura política de Venezuela. Son métodos históricamente arraigados en Colombia, desde donde son exportados hacia Venezuela para desestabilizar nuestra democracia. Métodos y crímenes de una terrible naturaleza, como la quema de personas, el sicariato y ahora el asesinato político y el magnicidio.

De la misma manera, aparecen en la investigación preliminar vinculaciones con grupos políticos de la oposición que hacen vida en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A este respecto, el Presidente Nicolás Maduro ha exigido al Gobierno de Donald Trump que colabore en la investigación que conduce a operadores políticos y financieros en suelo estadounidense.

Venezuela ha desmontado todas las conspiraciones organizadas desde Colombia. El Presidente Maduro ha emitido un alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con relación a la situación en la frontera para evitar que se puedan producir actos de provocación y violencia desde Colombia.

El Alto Mando Militar ha rechazado el intento de magnicidio y ha alertado que la fuerza armada venezolana se encuentra firme, en defensa de la Constitución y del Gobierno legítimo, bajo la autoridad del Presidente -que es a la vez Comandante en Jefe de la fuerza armada- y que bajo ninguna circunstancia aceptará una ruptura violenta del orden constitucional.

Sobre la participación de factores de la ultraderecha venezolana afirmamos que esta vez los factores de la oposición violenta han ido demasiado lejos, pudiendo haber causado numerosas muertes con consecuencias gravísimas para la estabilidad del país. El Gobierno de Venezuela le ha exigido a la Fiscalía General una investigación profunda que vaya hasta el final para esclarecer la verdad. Venezuela usará las leyes nacionales e internacionales para perseguir y llevar ante la justicia a los autores de este abominable atentado. El Estado venezolano realiza una extensa e imparcial investigación que garantiza la aplicación de la justicia y el castigo máximo a los responsables. No se puede perdonar el magnicidio.

La República Bolivariana agradece las incontables expresiones de solidaridad, de buenos deseos hacia nuestra Patria y de rechazo a este criminal atentado, de parte de numerosos Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno. Venezuela agradece también las expresiones de apoyo emitidas por numerosos dirigentes políticos, partidos, parlamentarios, personalidades de la cultura, y movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo que han enviado un mensaje de respaldo y de paz a nuestro país.

De igual, el Gobierno venezolano exhorta a los países y Gobiernos del mundo a mantener una posición objetiva frente a estos graves acontecimientos, a valorar serenamente la gravedad y la significación de lo ocurrido, y en algunos casos, a evaluar sus políticas de respaldo abierto o implícito hacia los factores vientos que promueven la muerte y la violencia en Venezuela.

El Gobierno de Venezuela está convencido de que este atentado buscaba desesperadamente frenar la aplicación de las nuevas medidas para la recuperación económica que han sido anunciadas por el Gobierno Nacional y que se pondrán en marcha el próximo 20 de agosto. Estas medidas son la respuesta efectiva a la crisis del país y le traerá a todos los ciudadanos estabilidad, tranquilidad y prosperidad.

La violenta oposición interna y externa ha vuelto a fracasar en su campaña de odio contra Venezuela. Estos hechos reafirman al Gobierno Revolucionario en la convicción de que Venezuela va por el camino correcto. Estamos del lado del pueblo, en el lado correcto de la historia. El pueblo de Venezuela seguirá en combate por su felicidad, su democracia y por la paz que merece y que es su destino.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su Presidente se encuentran más decididos que nunca a seguir el camino de la paz, de las leyes y de la Constitución. Esos son los caminos de la Revolución Bolivariana.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

 


 

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